No discuto que eso puede tener su importancia, pero no es lo más importante. Lo fundamental es que quienes reclaman la prestación servicios básicos de calidad (agua potable, electricidad, salud, etc.) entiendan que se trata de asuntos de derechos que están consignados en la constitución y en las leyes.
El funcionario público tiene un poder que le ha sido delegado por el ciudadano/a y en consecuencia debe cumplir cabalmente con las atribuciones que son propias de su investidura.
Los derechos se ejercen, no se mendigan.
¡Hagamos ciudadanía activa y responsable!
